En enero de 2027, la edad ordinaria de jubilación en España subirá de forma definitiva a los 67 años. Quienes no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses deberán esperar hasta esa cifra para retirarse, mientras que la jubilación anticipada seguirá reservada para carreras laborales más largas.
La subida estaba prevista desde la Ley 27/2011 y cerrará una transición que lleva años avanzando de forma gradual. El cambio llega en un país donde la esperanza de vida supera los 83 años de media y donde la reforma de las pensiones se diseñó para sostener el sistema ante el envejecimiento de la población y la llegada de la generación del baby boom a la jubilación.
La cifra importa porque no afecta a todos por igual. Quienes han trabajado durante décadas y encajan en los requisitos de cotización podrán adelantar el retiro, pero los empleados con carreras interrumpidas o empleos precarios no tendrán esa vía a los 65 años. En la práctica, eso deja fuera a muchos trabajadores de sectores donde el desgaste físico es parte del oficio desde el primer día.
Ahí entran la construcción, la limpieza y la agricultura, tres ejemplos de trabajos de alta penosidad que el texto sitúa en el centro del debate. Para quienes pasan la vida cargando peso, agachándose o repitiendo esfuerzos físicos durante horas, llegar a los 67 años sin un deterioro serio será mucho más difícil que para otros perfiles. El sistema no distingue lo suficiente entre una carrera de oficina y una carrera marcada por el esfuerzo corporal continuo.
La lógica de la reforma es clara: alargar la vida laboral ayuda a mantener las cuentas del sistema en una sociedad que vive más años. Pero esa misma lógica abre una grieta entre la sostenibilidad y la protección de quienes llegan agotados al final de su trayectoria. Si el objetivo es que el cambio funcione sin castigar a los más vulnerables, el texto plantea que harán falta medidas complementarias para esos sectores, porque la edad de jubilación ya no será solo una cuestión de calendario, sino también de resistencia.
