España elevará su edad ordinaria de jubilación a 67 años en enero de 2027, el último tramo de una reforma aprobada en la Ley 27/2011 que cambia de forma definitiva la salida del mercado laboral para millones de trabajadores. Desde entonces, quienes no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses deberán esperar hasta los 67 para retirarse.
La subida llega en un momento en que la esperanza de vida en España supera los 83 años de media y la generación del baby boom se acerca a la jubilación, dos fuerzas que presionan con fuerza al sistema de pensiones. La reforma busca garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social frente al envejecimiento de la población y al aumento futuro del número de pensionistas.
El cambio, sin embargo, no golpeará a todos por igual. Los trabajadores con empleos precarios o con carreras laborales interrumpidas no podrán acceder a una jubilación anticipada a los 65 años si no alcanzan el periodo de cotización exigido, y los oficios de alta penosidad —como la construcción, la limpieza o la agricultura— tendrán más dificultades para llegar a los 67 sin un desgaste físico serio.
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Ahí está la principal grieta de la reforma. El sistema fue diseñado para una población más joven y con trayectorias laborales más estables, pero la realidad actual deja a los sectores más vulnerables en desventaja frente a una edad de retiro más alta. El texto plantea que deberían establecerse medidas complementarias para proteger a esos colectivos y propone políticas de formación continua y reconversión laboral para que los trabajadores puedan cambiar de actividad sin perder el derecho a una pensión digna.
En la práctica, la pregunta ya no es si la edad de jubilación subirá. Eso está fijado desde 2011 y se hará efectivo en enero de 2027. La cuestión es si el ajuste vendrá acompañado de suficientes salvaguardas para que la sostenibilidad de la Seguridad Social no se construya a costa de quienes llegan al final de su vida laboral con menos margen físico y menos cotización acumulada.
