Esta semana, el gobierno anunció la reanudación de la explotación de gas mediante fracturación hidráulica, un giro que coloca al fracking en el centro de la estrategia energética de la 4T. El mismo gobierno que durante años lo describió como una práctica perversa ahora lo presenta como un baluarte de soberanía.
La decisión no borra el pasado. Durante décadas, Pemex ha usado fracking, pero ahora el planteamiento oficial llega con otro lenguaje y otra urgencia: nuevos esquemas de explotación de gas bajo la etiqueta de “geología compleja”, una fórmula pensada para evitar la palabra fracking y hacer viable el cambio político.
El peso de esa decisión está en la dependencia. Más de 60% de la generación de electricidad depende del gas importado de Estados Unidos, y el propio texto advierte que el país podría quedar a oscuras si Washington cortara el suministro. Esa vulnerabilidad es la razón principal citada para el viraje, junto con la idea de que existen nuevas tecnologías menos dañinas para el medio ambiente.
El contexto explica por qué el tema ha sido tan explosivo dentro del movimiento gobernante. Por años, Sheinbaum y López Obrador demonizaron el fracking y López Obrador frenó su expansión por los riesgos en el uso y la contaminación del agua. Como promesa de campaña, Sheinbaum vetó el fracking, de modo que el nuevo anuncio deja a su gobierno defendiendo una práctica que antes colocó del lado de lo impensable.
También hay una tensión práctica que no desaparece con el cambio de discurso. El giro se apoya en un plan a 10 años para relanzar a la empresa pública con nuevos esquemas de explotación de gas, pero Pemex no puede desarrollar el proyecto porque no tiene la tecnología ni los recursos. Aún falta la valoración de expertos sobre el daño ambiental antes de que el plan reciba luz verde.
Antes de la guerra de Irán, comenzó a explorarse la opción de reanudar la explotación de gas por la coyuntura de las nuevas guerras por el petróleo de Trump, lo que muestra que la discusión no nació de un solo anuncio, sino de una presión acumulada sobre el sistema energético. Con el fracking de vuelta en la mesa, el gobierno apuesta a la soberanía, pero todavía debe demostrar que puede sostenerla sin repetir los costos que antes dijo querer evitar.
