Un panel federal de apelaciones bloqueó el miércoles la capacidad de California para exigir que los agentes federales enmascarados mostraran su identificación mientras hacían su trabajo. La decisión, adoptada por unanimidad 3-0 por el Noveno Circuito, frena una parte de una ley estatal aprobada para responder a la presencia de agentes de inmigración del gobierno de Donald Trump que operaban con el rostro cubierto y sin identificación visible.
El fallo golpea uno de los intentos más visibles de California para poner límites a la forma en que actuaban los agentes federales durante la ofensiva migratoria del Trump administration. La ley, llamada la “Anti-Cheating Law”, había sido firmada por el gobernador Gavin Newsom junto con otra medida que prohibía a los agentes federales de inmigración usar máscaras. Ambas normas fueron impugnadas por la administración Trump, que demandó al estado para bloquearlas.
La decisión del miércoles llega después de que, el 19 de febrero, un juez federal emitiera una orden judicial contra la prohibición de las máscaras. El tribunal de apelaciones fue más lejos en el frente de la identificación y concluyó que California no puede obligar a funcionarios federales a cumplir ese requisito cuando actúan dentro del alcance de sus funciones. En su opinión, el juez Mark J. Bennett escribió que si una ley estatal regula directamente la conducta de Estados Unidos, es inválida; también rechazó dejar pasar la medida y señaló que la demanda federal había mostrado una probabilidad de que la ley violara la Cláusula de Supremacía, con el interés público y el equilibrio de intereses inclinándose de forma decisiva a favor de una medida cautelar.
El conflicto no empezó esta semana. La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1890 que un estado no puede perseguir a agentes federales de la ley que actúan dentro del ámbito de sus funciones, y ese principio volvió al centro del caso en medio de la disputa entre California y la administración Trump sobre inmigración. Los demócratas de California aprobaron la ley para intentar controlar a agentes federales que aparecían con máscaras y sin identificación visible durante las operaciones de deportación, una escena que también ha alimentado debates legislativos en otros estados y en agencias federales, como muestran otras medidas en marcha sobre inmigración en Delaware y sobre el escrutinio de casos migratorios a nivel federal.
La tensión política, sin embargo, no se ha detenido con este revés judicial. Legisladores de California siguen impulsando más proyectos dirigidos a agentes de inmigración este año, entre ellos propuestas para impedir que trabajen en agencias de orden público del estado y para facilitar demandas civiles por violaciones de derechos civiles. En la práctica, el fallo del Noveno Circuito deja claro que, por ahora, el estado no puede imponer a los agentes federales la identificación visible que quiso exigir, aun cuando la pelea política por cómo se ejecutan las redadas y deportaciones siga abierta.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, celebró la decisión en redes sociales, una señal de que Washington ve el fallo como una victoria en una batalla que sigue definiendo hasta dónde puede llegar un estado cuando intenta regular la inmigración federal en su propio territorio.
