La Casa Blanca de Donald Trump cerró 2025 con poco más de 600,000 deportados entre el 20 de enero y el 31 de diciembre, una cifra que deja lejos la promesa republicana de llegar a 1 millón en el primer año. Las cárceles de ICE terminaron el año con poco más de 72,000 detenidos, también por debajo de la meta de 100,000 camas diarias que el partido quería alcanzar.
El balance incluyó a personas que ya estaban detenidas y procesadas cuando terminó el gobierno de Joe Biden, lo que ayudó a inflar la cifra final sin borrar el hecho central: la deportación avanzó, pero no al ritmo que la Casa Blanca y sus aliados habían exigido. Para Stephen Miller, el resultado llega en un momento delicado. dijo que el asesor “se encuentra ante una encrucijada” tras un primer año en el que la campaña de expulsiones produjo resultados, pero también reabrió un debate áspero sobre el alcance de esas tácticas.
Ese desgaste no apareció de la nada. El 18 de febrero, una encuesta de /Ipsos mostró que solo 38% de los encuestados decía que Trump estaba haciendo un buen trabajo en inmigración, la aprobación más baja para esa área desde su regreso a la Casa Blanca. La caída llegó mientras se acumulaban críticas a los operativos de redadas de agentes federales y mientras el gobierno seguía defendiendo una estrategia diseñada para mostrar fuerza, aun si no cumplía con los objetivos fijados al inicio.
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La tensión política se hizo más visible el 3 de abril, cuando Miller publicó en X un mensaje que vinculó inmigración, ciudadanía y remesas. Escribió que los demócratas habían permitido la entrada de “millones incalculables” de inmigrantes ilegales que luego tuvieron hijos, a quienes describió como “futuros votantes” con acceso a “asistencia social de por vida”, dinero que terminaría convertido en remesas y, a su vez, en efectivo para que futuros migrantes paguen a traficantes de cárteles para llegar a Estados Unidos.
El problema para la Casa Blanca es que los números y la política ya no avanzan al mismo ritmo. Los republicanos no lograron ni el millón de deportados ni las 100,000 camas diarias que querían para ICE, y la presión pública sobre esas medidas siguió creciendo. Con los estadounidenses llamados a votar el primer martes de noviembre para elegir un nuevo Congreso, el debate sobre inmigración seguirá en el centro de una pelea que ya no se limita a la frontera: también se libra dentro del partido que hoy controla el Congreso.