La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó este jueves a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el Cártel de Sinaloa, en una imputación que puso en la mira al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez.
Rocha rechazó los señalamientos y los calificó como una “calumnia” sin “veracidad y fundamento alguno”. Los fiscales estadounidenses sostienen que habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para ser electo, incluido el uso de presión contra adversarios, y que después, ya en el cargo, permitió al grupo operar sin intervención de las autoridades estatales.
Claudia Sheinbaum cerró filas con una advertencia que elevó el tono del choque con Washington. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de EE.UU.) es político”, dijo. También afirmó: “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
El caso golpea a un personaje con peso propio dentro de la política sinaloense. Rocha nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa, la misma zona donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán en 1957. Fue electo secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 1968, a los 20 años; a principios de la década de 1980 encabezaba el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; en 1986 fue candidato a gobernador por una alianza izquierdista integrada por el PSUM, el PMT, el PRT y Corriente Socialista, y no logró más del 2% de los votos. Entre 1989 y 1992 fue secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La disputa llega en un momento de fricción abierta entre Estados Unidos y México por acusaciones de narcotráfico y colusión política. Rocha es visto como un cuadro histórico de la izquierda mexicana y un aliado histórico de AMLO, por lo que el peso de las acusaciones supera su caso personal: toca de lleno la discusión sobre soberanía, pruebas y el margen que tendrá Washington para empujar este expediente sin chocar de frente con el gobierno mexicano.
Por ahora, la pregunta no es solo qué tan lejos alcanzarán las acusaciones de Nueva York, sino si México dejará que el caso avance como una pesquisa judicial o lo trate desde el primer minuto como una batalla política.